Manifiesto contra la reforma de la Ley de Extranjería

Ante la inminente reforma de la Ley de Extranjería, las asociaciones pertenecientes al Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Granada

DENUNCIAMOS

Que, lejos de pretender la efectiva integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, el proyecto de reforma se centra en el control de flujos y en medidas sancionadoras hacia la población inmigrante. Se trata de una ley para “protegernos” de los extranjeros y no de una ley para la integración y cohesión social. Esto es especialmente preocupante al encontrarnos en una situación de crisis económica, en la que la irregularidad sobrevenida puede situar a buena parte de la población en una situación aún más desfavorecida.

1.- Limita derechos fundamentales
No es cierto, como dice la exposición de motivos del proyecto de ley, que cumpla en su integridad con las sentencias del Tribunal Constitucional, universalizando los derechos fundamentales para todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa. Aunque se recogen los derechos de reunión, manifestación y huelga para toda persona con independencia de su situación documental, es precisamente en los derechos prestacionales –es decir, educación y justicia gratuita- donde la propuesta de ley es más restrictiva. La reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria y, puesto que existe un estrecho vínculo entre educación e inclusión social, esta limitación no sólo vulnera un derecho fundamental reconocido a todos, sino puede conllevar además graves consecuencias en la construcción de una sociedad común. En cuanto al ejercicio del derecho constitucional a la justicia gratuita, se imponen al extranjero condiciones especialmente gravosas para el acceso a ese derecho –llegando en algunos casos a ser imposible este acceso-, que quiebran el principio de igualdad de trato.

2.- Atenta contra la vida en familia
Con esta reforma entran en vigor fuertes restricciones a la reagrupación familiar –derecho reconocido por la ONU -, que dificultan la reagrupación a los ascendientes menores de 65 años e imponiendo al menos 5 años de residencia para poder llevarla a cabo. Así, el derecho a vivir en familia se ve seriamente amenazado y estas limitaciones incidirán en la dificultad para crear redes familiares que supongan un apoyo mutuo en casos de necesidad.

3.- Criminaliza una falta administrativa
Manifestamos nuestro más profundo rechazo por la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros), porque la sola privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito es inaceptable desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Se llega a contemplar la privación de libertad por un período de hasta 60 días y la expulsión por la mera estancia irregular o por trabajar sin permiso de trabajo, que no son más que faltas administrativas y que para un nacional sólo supondrían una sanción económica. Por otra parte, cabe destacar que los CIEs han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por la precariedad de sus instalaciones y las condiciones en que se encuentran las personas internadas. Además se acuerda regular por reglamento el régimen de los CIEs, en contra de lo expresado por el Tribunal Constitucional, que en el 2003 y 2005 dejó claro que debía ser una ley orgánica la que regulara la naturaleza jurídica y los derechos y obligaciones de las personas allí internadas.

4.- Vulnera derechos del menor
Aunque la ley es más garantista que la anterior en materia de repatriación de menores e introduce una mejora sustancial al reconocer que los mayores de 16 años tienen derecho a ser oídos y a nombrar un tutor judicial diferente a la administración, siguen existiendo grandes lagunas en los proyectos de integración para los menores tutelados, en los medios que se invierten en ellos y en la regulación de su estancia en el país una vez alcanzada la mayoría de edad.

5.- Dificulta la inclusión social
El proyecto no establece las bases para una regulación de los trabajadores y trabajadoras “sin papeles” que existen en nuestro país y a los que no se abre absolutamente ninguna puerta. Tampoco establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes, dificultando una vez más sus posibilidades reales de integración. Además, el proyecto articula un esquema de nacionalismo económico, “preferencia del español”, y consagra la visión utilitarista de la inmigración, conectándola exclusivamente con las necesidades de la situación nacional de empleo. Por otra parte, la insistencia de la Ley en reconocer derechos a las personas extranjeras “residentes legales” frente a las personas sin papeles a las que se niegan servicios y ayudas sociales, hará que aumente la precariedad, la desprotección y la vulnerabilidad de estos últimos y contribuirá a favorecer fenómenos de rechazo social, racismo y xenofobia.

Finalmente, queremos destacar que, de aprobarse esta reforma, se puede profundizar la desigualdad en derechos existente en la actualidad, lo cual pone en peligro nuestro propio Estado de Derecho.


Por todo lo expuesto:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo a una reforma que mantiene una visión utilitarista de la inmigración y no afronta los retos de integración social a la que nos vemos enfrentados.
REPROBAMOS la utilización de la crisis económica como justificación de una “ley populista” que no va a solucionar los graves problemas económicos y de desempleo del país.
EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno a que adopte las disposiciones necesarias para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad a las personas migrantes que residen en el Estado Español.

ACTO DE PROTESTA CONTRA LEY DE EXTRANJERÍA

Sábado 21 de Noviembre a las 12 horas
Subdelegación de Gobierno (Gran Vía de Colón nº 50)

TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA: LUCHA POR LA IGUALDAD EN DERECHOS

Ante la inminente reforma de la Ley de Extranjería, El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Granada manifiesta su rechazo hacia un texto que, en lugar de propiciar la integración y la cohesión social, se centra en el control de flujos y en medidas sancionadoras hacia la población inmigrante.

Para protestar contra esta reforma, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, nos acercaremos a la Subdelegación del Gobierno para presentar, de forma individual, un escrito en que declaramos que el texto ignora incluso ciertos mandatos del Tribunal Constitucional. Se trata de un acto simbólico que de ninguna manera tendrá consecuencias negativas para las personas firmantes, pero al que debe asistir la mayor cantidad de gente posible, para que sea efectiva como medida de presión.

ASISTE PARA MANIFESTARTE CONTRA UNA LEY QUE SUPONE UNA GRAVE REGRESIÓN EN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO Y AVISA A TODA LA GENTE QUE PUEDAS.

Convoca: Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes